Control de predadores
El control de predadores se regulará por el Decreto que está en tramitación.
La depredación es un factor más, junto a las alteraciones de los hábitat, las enfermedades, la introducción de especies exóticas, la introgresión genética, el aumento de las poblaciones de jabalí y el exceso de presión cinegética, que pueden estar contribuyendo al declive de algunas especies de fauna y de caza menor.
La caza regulada de depredadores cinegéticos generalistas es una práctica que, acompañada de una serie de medidas óptimas de gestión del hábitat y de gestión de la actividad cinegética, podría contribuir a la recuperación de determinadas poblaciones de especies de caza menor.
El control selectivo de depredadores generalistas, es una práctica que puede repercutir favorablemente en las poblaciones de las especies-presa y es considerado como un instrumento más de la buena práctica cinegética. La Administración cinegética y medioambiental es consciente de esa circunstancia y del interés de los propietarios, gestores y usuarios de los cotos de caza por mantener a las poblaciones de depredadores cinegéticos generalistas dentro de unos límites admisibles, pero esta gestión no debe perjudicar a las especies silvestres no cinegéticas, cuya protección está recogida en las diferentes normas existentes de ámbito comunitario, estatal y regional.
La homologación de los métodos de captura en vivo de especies cinegéticas depredadoras y la acreditación de sus usuarios se inserta en un contexto normativo del que cabe destacar especialmente el Convenio internacional relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa aprobado por Decisión 82/72/CEE, de 3 de diciembre de 1981, y ratificado por España en el año 1986, el Acuerdo entre la Unión Europea, Canadá y la Federación Rusa para el establecimiento de los estándares humanitarios de captura de animales salvajes, aprobado mediante la Decisión 98/142/CE del Consejo, de 26 de enero de 1.998, el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en materia de capturas no crueles, aprobado por Decisión 98/487/CE del Consejo, de 13 de julio de 1998, o el Convenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, ratificado por España en el año 1993.
En el marco de los convenios y acuerdos internacionales suscritos y la normativa comunitaria vigente aplicable, constituida esencialmente por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y el Reglamento CEE 3254/1991 del Consejo, de 4 de noviembre de 1991, relativo al uso de cepos en la Comunidad Europea y a la introducción de pieles y otros productos manufacturados de ciertas especies capturadas en otros países mediante cepos u otros métodos de captura que no cumplan los estándares internacionales de captura no cruel, la normativa básica estatal sobre protección del medio ambiente ha previsto determinadas prohibiciones y limitaciones relacionadas con la actividad cinegética.
El artículo 64.3.a) de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, señala que las especies predadoras sólo pueden capturarse por procedimientos no masivos o selectivos. Por su parte, el 64.3 g) establece que “los métodos de captura de depredadores que sean autorizados por las comunidades autónomas deberán haber sido homologados en base a los criterios de selectividad y bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos sólo podrá ser autorizada mediante una acreditación individual otorgada por la Comunidad Autónoma. No podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.” Este precepto ha sido objeto de unas directrices específicas elaboradas conjuntamente por el Estado y las comunidades autónomas en el seno de la Comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad creada en esta ley, que fueron acordadas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 13 de julio de 2011.
Estas directrices, elaboradas con la participación de expertos científicos internacionales, incorporan una descripción de los principales métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras que han sido evaluados en España de acuerdo con procedimientos científicos rigurosos, que se han considerado suficientes para declarar su homologación mediante este Decreto sin necesidad de realizar más ensayos.
Respecto a la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en su Artículo 81.- Del ejercicio de la caza y la pesca fluvial por el personal de vigilancia indica que “Los encargados de la vigilancia de la actividad cinegética y piscícola no podrán cazar ni pescar durante el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de situaciones especiales previstas en la presente Ley o para el control de predadores, para lo cual deberán contar, en cualquier caso, con autorización expresa de la Consejería competente.”
El presente Decreto desarrolla el artículo 81 y se basa en lo especificado en el Capítulo III De las autorizaciones excepcionales a las medidas de protección de los recursos cinegéticos y piscícolas, de la Ley 7/2003, que en el Artículo 52, apartado 1. “Podrán quedar sin efecto las prohibiciones previstas en este título, previa autorización de la Consejería competente, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: g) Para facilitar el racional aprovechamiento en los terrenos cinegéticos o en los cotos de pesca fluvial”.